Como consecuencia del proceso de investigación en marcha por las explotaciones ilegales en Los Frentones, el Instituto de Colonización ordenó suspender el otorgamiento de permisos de desmonte a la empresa OSD Agropecuaria. La medida, que fue comunicada por Raúl Paris al gobernador, implicó el envío de una carta documento al director de Bosques, Miguel López.
“Esto es una consecuencia de no haber respetado la Ley de Tierras, que en su artículo 24 dice que todos los permisos forestales deben haber pasado por el Instituto de Colonización”, remarcó Paris ante NORTE.
En ese contexto, y ante denuncias de oenegés sobre la continuidad de desmontes clandestinos en distintos puntos de la provincia, el funcionario ratificó: “No vamos a arriar las banderas. Extremaremos todas las medidas disponibles en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales”.
Alambrados y desmontes
Asimismo, París recordó las denuncias presentadas tras detectar predios fiscales alambrados en la zona de Taco Pozo, en prácticas realizadas por “ciudadanos inescrupulosos y que actúan al margen de la ley”. Al respecto, advirtió que también en esos terrenos fueron detectados desmontes ilegales, los que “en la mayor parte se hacen en tierras fiscales”.
En ese marco, el instituto solicitará a todos los fiscales penales con causas relativas a tierras o desmontes ser depositarios de los productos forestales decomisados.
Puertas abiertas para todos
Durante la rueda de prensa, el titular del Instituto de Colonización se refirió también a las denuncias de diputados de la oposición, a quienes invitó a la sede institucional para observar la documentación respaldatoria y trabajar en conjunto en defensa del patrimonio del Estado. “Tenemos las puertas abiertas para los bloques políticos de la Legislatura y para toda la ciudadanía”, aseguró.
Comentó, por último, que se trabaja en una propuesta de regularización dominial con la participación activa de entidades campesinas, que van a colaborar en el proceso encarado por el gobernador, “dándole la seguridad jurídica”, para “reparar una deuda histórica que tiene el Estado chaqueño con los antiguos pobladores, los pequeños productores y los hermanos aborígenes”.
Todos contra todos
El caso que hoy resume una cadena de connivencias del pasado estalló en los últimos días, cuando productores ocupantes de la Parcela 96, sobre la ruta 89 en Los Frentones, denunciaron a la empresa OSD Agropecuaria por usurpar un campo y amenazar de muerte a las familias Villalba.
Según la denuncia hecha pública, personal de la empresa santafesina ingresó a punta de pistola y esgrimiendo una autorización de desmonte para 250 hectáreas otorgada por la Delegación de Bosques de Pampa del Infierno. Ante la gravedad del caso no tardaron en elevar la voz organizaciones sociales y también legisladores de la Alianza Frente de Todos.
Todo se completó el jueves, cuando un operativo conjunto de la AFIP y Gendarmería Nacional allanó una explotación clandestina de carbón y madera, donde incautaron 32 toneladas de carbón y detectaron trabajo en negro. Además, efectivos de Gendarmería Nacional retuvieron varias armas de fuego en el predio que ocupa la firma santafesina OSD Agropecuaria.
Trabajadores esclavizados: sin descansos y por $150 mensuales
El delegado local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alcides Godano, dio a conocer un comunicado en el que brinda información sobre el operativo realizado en explotaciones rurales de la zona de Los Frentones, señalando que en ellas se detectaron trabajadores explotados en condiciones infrahumanas.
“En una de las explotaciones cuyo titular es Luis Alberto Paredes, dedicada a la explotación de la madera y fabricación de carbón, se identificaron a 6 trabajadores, sin ningún tipo de registración, que no pudieron exhibir documentos de identidad y que viven en el predio de la explotación, bajo condiciones de vida infrahumanas”, dice el informe.
Al respecto comenta que estaban alojados en “carpas” de plástico, “abiertas a la intemperie, o en construcciones muy precarias, sin piso y sin aberturas. Duermen sobre maderas, en algunos casos, sin colchón. No disponen de baños, ni de agua para asearse, se alimentan con carne secada al sol, con salarios denunciados de $ 150 por mes, su régimen de trabajo es de lunes a domingo. Por la cantidad de camas disponibles se puede inferir que en la explotación habría más de 6 trabajadores”, indica.
“Entendemos que la situación observada configura una situación intolerable y que se le debe dar intervención a la Justicia Federal para que investigue y tipifique estas irregularidades, que a priori se presentan como un caso más de lo que se ha denominado trabajo esclavo”, señala Godano.
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