El Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” asegura que el convenio que firmó el Gobierno de Chaco con capitales financieros saudí es un acuerdo “de entendimiento” y “no de inversión” como lo dieron a conocer los funcionarios provinciales.
En octubre de 2010 el gobierno provincial insinuó que proyectaría una millonaria inversión en El Impenetrable, a través de un convenio con el grupo árabe Al-Khora yef, bajo un sistema de arrendamiento de 221.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas entre las localidades de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, en pleno Impenetrable chaqueño.
Esta semana se anunció la celebración de un convenio con el grupo financiero interesado para el desarrollo de un proyecto agroalimentario en tierras fiscales ociosas, anticipándose que en la primera etapa el grupo saudí invertiría 400 millones de dólares.
“En realidad, lo que se ha firmado es un convenio de entendimiento entre el gobierno chaqueño y los representantes del grupo financiero. Este instrumento tiene los alcances de un compromiso a futuro, que puede o no concretarse, según las reformas legislativas que se deberían introducirse para ello a la actual legislación de tierras públicas”, expresó Rolando Nuñez, titular del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela”.
“Esto es así en virtud de que la ley 2913 no autoriza la ejecución de proyectos productivos de esta naturaleza. En este sentido, conviene resaltar que ninguno de los argumentos intensamente difundidos por el gobierno alcanzan para avanzar en el proyecto sin que previamente aquella ley sea modificada”, continuó explicando a través de un documento.
“En definitiva, no alcanza para comenzar a ejecutar el proyecto el objetivo publicitado de desarrollar productivamente un amplio territorio de tierras fiscales, mal calificadas como ociosas, manteniendo la propiedad pública de las mismas, acrecentando su valor patrimonial, mientras se capitalizaría las ganancias que serían destinadas a la ejecución de obras de infraestructura, como mecanismo para la reconvención estructural de El Impenetrable”.
CONCLUSIÓN
La entrega de tierras públicas en grandes extensiones (latifundios), bajo el régimen de fideicomisos para entidades extranjeras, inevitablemente violará el espíritu y la letra de la Constitución, que como contrato político y social entre los chaqueños tiene cláusulas extraordinariamente progresistas en lo social, productivo y ambiental, que han sido sistemáticamente violadas a través de las visiones liberales o neoliberales, particularmente las productivistas y las ultra rentísticas a escala.
Por lo tanto, lo más criticable del proyecto se concentra en la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales que se entregarían bajo el régimen de concesión, comodato o arrendamiento, que en definitiva constituirá una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización.
Además, tomándose en cuenta la posible localización del proyecto, debemos comprender que se afectarán suelos Clases V y VI, que desmontados y destinados a la producción agroalimentaria colapsarán en el mediano plazo, aún cuando se desarrolle un sistema de riego artificial, de modo de que serán suelos estragados a la época de la devolución o poco después de que esto se concrete.
Entonces, debemos comprender que este proyecto financiero, económico y productivo será de corto plazo, de carácter netamente extractivo y predador, con costos sociales y ambientales irreversibles, de tal modo que el Estado no se beneficiará con el proceso de capitalización que ha anunciado y los chaqueños no se verán favorecidos con este proyecto porque el modelo agrotecnológico que se aplicaría excluye la contratación de mano de obra, de tal modo que el emprendimiento no será fuente generadora de redistribución de la riqueza.
fuente (datachaco)
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