La maniobra fue detectada a tiempo por las autoridades del Instituto de Colonización que lograron que el gobernador advirtiera la irregularidad. El documento habría sido enviado desde la Dirección de Bosques, impulsado por sectores forestales.
Un decreto que violaba abiertamente la Ley de Tierras estuvo a punto de ser firmado por el gobernador, Jorge Capitanich. La maniobra fue detectada a tiempo por las autoridades del Instituto de Colonización que lograron que el gobernador advirtiera la irregularidad a mediados de febrero. El documento habría sido enviado desde la Dirección de Bosques, sin tener la venia de la Asesoría General de Gobierno ni de Colonización. El mismo fue impulsado por sectores vinculados con la industria forestal.
El dato fue confirmado en la mañana de este lunes por el Gerente General del Instituto, Esteban Branco Capitanich, quien aseguró que la frustrada modificación de la Ley de Tierras tenía por objeto restarle poder de fiscalización a Colonización y planteaba prácticamente una zona liberada para el arrendamiento de tierras privadas, sin la posibilidad de que el Instituto constate si realmente se realizaron mejoras en el predio y si los adjudicatarios tiene sus impuestos al día.
“Hubo una desinteligencia -no sabemos porque razones- en otras áreas del Estado que llevaron a la firma del gobernador un decreto donde pretendía reglamentarse el artículo 29, inciso ‘e’, de la Ley de Tierras, la 2913”, señaló Branco Capitanich. “Ese inciso dice que las tierras fiscales no pueden ser arrendadas por los adjudicatarios salvo expresa autorización de Colonización. Este decreto decía que no sería necesaria la autorización del Instituto para que el adjudicatario pudiese arrendar. Más que una reglamentación implicaba una modificación a la ley que en modo alguno podría hacerse a través de un decreto”, explicó el funcionario del Instituto de Colonización a RADIO CIUDAD.
SIN AUTORIZACIONES
Este portal accedió al polémico proyecto de decreto que fue finalmente desestimado por el gobernador. En el mismo, en su Anexo I, establecía que “en el caso de emprendimientos productivos en predios adjudicados, que se desarrollen a través de la implementación y/o adaptación de nuevas tecnologías, no se exigirá, por parte de la autoridad de aplicación, la autorización para arrendar, subarrendar, dar en aparecería, comodato o cualquier otro título a favor de terceros, siempre y cuando estos respeten las buenas prácticas agrícolas, forestales y ambientales”.
Capitanich señaló que dicha modificatoria fue analizado por las autoridades de Colonización tras un pedido del gobernador. “Lo advertimos nosotros porque el propio gobernador cuando recibió ese proyecto se lo hizo llegar al contador (y presidente de Colonización, Raúl Jhon) Paris que, ni bien lo vimos, dijimos que eso no podía ser de ninguna manera porque la ley dice que no se podrá arrendar salvo expresa autorización del organismo. La autorización del organismo es necesaria e imprescindible, entonces ningún decreto puede decir que no se solicitará la autorización al organismo”, dijo.
CHACO DIA POR DIA también accedió al documento en el cual Paris le pidió al gobernador que rechace el proyecto de decreto por ser ilegal. “Desde el Instituto de Colonización no permitiremos de ninguna manera el avance de proyectos como los que se intentaron hacerle suscribir, que violen las normas legales y que estén en contra de nuestra propia constitución”, escribió el presidente del organismo.
En este sentido, Paris fue muy duro contra los autores. “Intentar modificar una ley por medio de una supuesta reglamentación de la norma, sin siquiera dar intervención previa al Instituto de Colonización, demuestra a las claras que para los autores intelectuales del mencionado proyecto, el debido accionar del Instituto es un obstáculo evidente para el desarrollo de sus actividades irregulares, y lo más grave aún es la de haber tratado de involucrarlo a usted en su operatoria, disfrazando los reales objetivos buscados, que no es ni más que la depredación de nuestros campos”, sostuvo.
El presidente de Colonización, cierra la respuesta al gobernador solicitando que se tomen “los recaudos administrativos pertinentes contra los que intentaron incluir a usted en la violación de la Ley de Tierras, a través de la suscripción del mencionado proyecto”
CAMINOS ERRADOS
A la suma de irregularidades se le agrega la cuestión administrativa. En este sentido, Branco Capitanich explicó que el proyecto de decreto no transitó por el camino burocrático por el que normalmente pasan estas medidas. “No pasó ni por la Asesoría General, ni por el Instituto de Colonización. Fue directamente elevado a la firma del gobernador y el gobernador tuvo el buen tino de entregárselo a Raúl John Paris para que opine sobre eso”, comentó.
Según el funcionario, dicho proyecto surgió desde algún área de “la Dirección de Bosques o de la subsecretaría de Recurso Naturales” por aparentes presiones de los sectores vinculados con la industria forestal. “Tengo entendido que se armó en la Dirección de Bosques o en la Subsecretaría de Recursos Naturales que es más o menos el mismo sector y es probable que haya nacido ante los planteos de algunos sectores de la cadena forestal”, sostuvo.
“Hay presiones no sólo de sectores de la cadena forestal sino también de los sectores que están impulsando la siembra comercial en gran escala. Y eso es lo que llevó a que, por ejemplo, que se cumpla pocas veces con el aprovechamiento integral. Se han topado cantidad impresionante de hectáreas de madera de gran valor para rápidamente sembrar soja. Este es otro tema que el Estado no puede seguir mirando para otro lado. La relación entre ambos sectores (forestal y sojero) es muy estrecha y que hay que tomar medidas”, indicó.
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