El fiscal subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones, Germán Wiens Pintos, considera que hay suficientes elementos para mantener al exministro Aldo Leiva ligado al proceso judicial por el delito de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa de las tarjetas alimentarias.
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El fiscal Wiens Pinto sostuvo el criterio asumido por el fiscal subrogante Gustavo Corregido, respecto de la decisión de Valiente de sobreseer definitivamente al exfuncionario del Poder Ejecutivo e intendente de General San Martín. La fiscalía entiende que el proceso aún no fue concluido y que hay suficientes elementos para mantener a Leiva ligado al proceso judicial.
Luego de que el juez federal tomara esa decisión y le fuera remitido ese incidente a Corregido, este sostuvo que las graves deficiencias y omisiones funcionales incurridas dolosamente por el imputado en su carácter de ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos crearon el escenario propicio para la perpetración de maniobras defraudatorias de enorme envergadura.
Sin embargo, Valiente sostuvo que entonces “quedó demostrado que la función que cumplía Leiva en ese lapso fue la de implementar políticas elementales relacionadas al Programa de Asistencia Alimentaria e impartir directivas para preservar el destino final de las tarjetas alimentarias” y que tuvo a su cargo “las tareas propias de la función de ministro del área en la cual supuestamente se cometieron los ilícitos investigados”.
Cuando el jefe comunal sanmartiano conoció la posición de Corregido en relación con la causa que lo involucra, tras la resolución del juez federal, afirmó: “el fiscal apela mi sobreseimiento porque, de acuerdo con su visión, incumplí un convenio suscripto por el Ministerio de Desarrollo Social con el Banco del Chaco. Es burro porque confunde la competencia del fuero que debe intervenir”.
Corregido abrió la investigación sobre el presunto fraude con las tarjetas alimentarias en 2009, luego de detectar que 2787 tarjetas alimentarias fueron utilizados entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 de manera irregular.
De acuerdo con la investigación, las tarjetas no llegaron a manos de las personas en situación de pobreza que debían recibirlos, aunque en los distintos registros bancarios se establece que se utilizaron para generar pagos desde el Estado hacia distintos comercios por un total de 475.686 pesos.
Sin embargo, Leiva apuntó contra el fiscal marcando sus “limitaciones” porque “jurídica e intelectualmente es muy pobre”, pero admitió que Corregido “no sólo tenía el derecho de apelar sino que yo le exigí que apele porque esto no tiene otro sentido que la ratificación, ya que no cometimos delitos y porque es una aberración jurídica lo que hizo”.
Fuente: Diario Norte
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